La Fiscalía General de la Nación acusó a José Miguel Linares Martínez, actual presidente de la multinacional Drummond en Colombia, y al expresidente de la compañía Augusto Jiménez Mejía, por el delito de concierto para delinquir vinculado a la financiación de grupos paramilitares.

El proceso contra Linares Martínez y Jiménez Mejía inició por una compulsa de copias de la jurisdicción ordinaria para investigar a funcionarios de esa compañía "por financiar y promover la creación y los propósitos ilícitos" de las Autodefensas entre 1996 y 2001.

Los señalados fueron escuchados en indagatoria por la Fiscalía y el pasado 27 de octubre se hizo el cierre parcial de la investigación. Según se pudo conocer, en el proceso están acreditadas las víctimas de las acciones ilegales de los paramilitares, que son representadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

El periódico El Tiempo informó que, en la decisión de 149 páginas, el ente investigador declaró delitos de lesa humanidad los hechos que rodearon las acciones del frente 'Juan Andrés Álvarez' del Bloque Norte de las Autodefensas en el departamento del Cesar, en particular, en los municipios de Becerril, El Paso, La Jagüa Ibirico, Agustín Codazzi y Chiriguaná.

"Donde se ubicaron las minas de empresas carboníferas, así como el tramo de la vía férrea que transportaba el producto de explotación, a quienes los directivos de la multinacional Drummond Ltd. financiaron y promovieron, a cambio de beneficiarse de la ‘seguridad’ que su incursión, presencia y operación representaron en la zona", señala el documento de la Fiscalía.

En el marco del proceso, la Fiscalía documentó aproximadamente 3.382 registros de víctimas por los delitos de homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada y secuestro. Asimismo, señaló que los ataques de ese grupo fueron contra la población civil, "quienes fueron irrumpidos en sus domicilios, para ser asesinados y/o desaparecidos, con la intención de causar terror en la zona; torturaron, amenazaron, descuartizaron".

El ente investigador cuestionó que las acciones perpetradas no fueron aisladas y fueron "en un contexto generalizado, dirigido contra una multitud de personas, población civil, que padecieron ataques inhumanos".

En ese sentido, la Fiscalía General de la Nación sostuvo que los investigados "conocieron de ese contexto macrocriminal, el que afectó, además, a empleados de la multinacional que dirigían, y pese a ello intervinieron en la contratación con (Jaime) Blanco Maya, por cuyo medio se destinaron los recursos al grupo armado ilegal".

Jaime Blanco Maya fue contratista de la empresa y está condenado por su responsabilidad en el crimen de dos sindicalistas. Su proceso pasó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Debido a todo lo mencionado, la Fiscalía enfatizó que mediante las versiones de varios testigos se pudo establecer que "se permitió, se toleró, se promovió, la presencia paramilitar" en las instalaciones de la empresa "cuando era de su competencia repeler tal presencia, lo que solo contribuyó a enseñar y mostrar el control de las armas por parte de la organización ilegal que hacía presencia en el departamento del Cesar, frente a un sector vulnerable y gravemente afectado como los líderes sindicales de Drummond Ltd.".

De acuerdo con la Fiscalía, Linares Martínez y Jiménez Mejía "decidieron intervenir en una compleja operación contractual y de intermediación, así como también pudieron hacerlo otros funcionarios de la multinacional, contratistas, miembros de la organización de autodefensas, para acordar, garantizar y asegurar el aporte mensual dinerario, desde 1996 a 2001, a esta estructura paramilitar".